Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó la imposición de una medida de coerción contra Claudina Pérez Ramírez (La Tora), luego de presentar acusación formal por presuntos actos de difamación e injuria reiterados en perjuicio de la comunicadora Iluminada Muñoz.
La solicitud será conocida hoy jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, en el marco del proceso iniciado a partir de una querella penal con constitución en actor civil presentada en 2024 por los abogados Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, representantes legales de Iluminada.
De acuerdo con los abogados, los hechos denunciados no corresponden a un episodio aislado, sino a una presunta campaña sistemática y reiterada de descrédito, que se habría desarrollado durante más de cinco años a través de distintas plataformas y espacios de difusión pública.
Los representantes legales de Muñoz explicaron a través de un comunicado que tras la presentación de la querella, el Ministerio Público desarrolló una investigación en la que fueron recopilados diversos elementos de prueba, incluidas evidencias relacionadas con publicaciones y contenidos difundidos contra su representada.
Como resultado de las pesquisas, el órgano acusador presentó formalmente la acusación contra Pérez Ramírez y solicitó al tribunal la imposición de una medida de coerción.
Los abogados señalaron que la audiencia representa un momento procesal relevante, debido a que el tribunal deberá valorar los presupuestos jurídicos que sustentan la solicitud formulada por el Ministerio Público.
Asimismo, indicaron que Claudina Pérez Ramírez habría sido citada en múltiples ocasiones durante el proceso y que, pese a ello, no habría comparecido ante las autoridades correspondientes.
“La justicia no puede permanecer indiferente frente a una conducta que, según los elementos incorporados al proceso, se ha prolongado durante años y que ha tenido un impacto directo sobre la honra, dignidad y reputación de nuestra representada”, expresaron.
Los abogados precisaron que el proceso no busca generar una confrontación personal, sino procurar que el sistema de justicia ofrezca una respuesta institucional frente a los hechos denunciados, dentro del marco de las garantías que corresponden a todas las partes.
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