Editorial:
BohechiodigitalRD.–La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios es clara: los ayuntamientos están obligados a rendir cuentas, administrar los recursos públicos con transparencia y facilitar la supervisión ciudadana. No se trata de una opción ni de un simple acto protocolar, sino de un deber fundamental en la gestión municipal.
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que establece la ley. En algunos ayuntamientos del país y la región, la rendición de cuentas parece haberse reducido a un evento para fotografías y videos, donde prima la apariencia sobre el contenido. Se organizan actos llamativos, pero se omite lo esencial: informar con claridad cuánto dinero se recibió y en qué se gastó.
Una revisión básica de las redes sociales institucionales revela otra debilidad preocupante. En muchos casos, solo se publica la invitación al acto, sin difundir posteriormente el informe ni los resultados, lo que limita la participación ciudadana, especialmente de quienes no pudieron asistir.
En otros escenarios, abundan las imágenes que destacan “grandes rendiciones de cuentas” o resaltan obras y acciones sociales, pero sin detallar los montos invertidos ni ofrecer informes verificables.
La transparencia no se mide por la cantidad de fotos, sino por la calidad de la información. Sin cifras claras, sin informes accesibles y sin mecanismos reales de participación, la rendición de cuentas pierde su esencia y se convierte en una simple formalidad vacía.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos. Cumplir con la ley no debe ser un acto simbólico, sino un compromiso real con la honestidad, la responsabilidad y el respeto al pueblo.

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